El miércoles 13 de marzo el Gobernador de California, Gavin Newsom, firmó un decreto de moratoria para lograr la suspensión de 737 condenados a la pena capital en este estado. El sistema de la pena de muerte es costoso e inoperable y denunció que una de las razones para llegar a esta decisión es que el 4% de las personas convictas y/o ejecutadas son inocentes, lo que considera inmoral.

Como gobernador dijo Newsom: “no veré la ejecución de ningún individuo”. Para tal efecto Newsom ordenó el cierre de la cámara de ejecuciones de la Prisión Estatal de San Quintín que nunca llegó a ser usada. Además derogó las normas sobre la inyección letal que ya eran inaplicables debido a las demandas de los opositores a la pena capital por considerarlas discriminatorias contra los presos.

Tras firmar el decreto, Newsom dijo a la prensa: “Me siento muy emocionado”. “Considero que esto es lo correcto”, pues el uso de la pena de muerte siempre ha sido “un fracaso” que “ha discriminado a presos que son mentalmente discapacitados, personas de color, o hispanos incapaces de pagar los honorarios de un abogado”.

Se informó que California es el Estado con el mayor número de condenados a muerte con 737, y que nadie ha sido ejecutado desde el 2006 cuando Arnold Schwarzenegger era gobernador. Además, desde el 2016, fecha en que se hizo un referéndum ganado por un pequeño margen de la oposición para aplicar el máximo castigo, ningún preso ha sido ejecutado. Ahora esto se ha terminado con el decreto dictado por el gobernador de California, quien dice: “Si alguien mata, nosotros no matamos”.

Aunque no se espera que la declaración de Newsom sea objetada en los tribunales, según dicen sus allegados, el gobernador tiene la potestad de revocar penas de muerte. Por lo que aseguran que él no está incurriendo en la alteración de fallos judiciales ni propiciando la libertad anticipada de ningún preso.