Prupuesta de ley limita oportunidades para inmigrantes
En un documento de 447 páginas, el Departamento de Seguridad Nacional, por sus cifras en inglés DMH (Department of Homeland Security), publicó la propuesta de una ley que negaría la mentada “Green Card” a inmigrantes que utilicen servicios públicos. Esta propuesta, llamada “Inadmisibilidad por Cargos Públicos” que, en síntesis, dicta que a todo inmigrante que utilice servicios públicos se le negará la oportunidad de obtener residencia en el país, y en algún futuro, la ciudadania.
El termino “cargo público” (o “public charge”), proviene de los tiempos legislativos antiguos donde una persona no puede mantenerse asimisma y pide ayuda al gobierno u organizaciones benéficas. En los tiempos coloniales de los Estados Unidos se quería limitar la cantidad de inmigrantes pobres de países europeos, como los irlandeses, que serían una carga al público existente en las colonias.
Actualmente, este concepto de cargo público tiene la misma definición, pero bajo esta ley, incluye el uso de servicios de asistencia pública como los programas de ingresos suplementarios del seguro, TANF (Temporary Assistance for Needy Families) o aquí en California CalWorks, programas de asistencia financiera (como “cash aid”), o servicios médicos, como los institutos de salud mental o Medicaid.
El detalle es que personas indocumentadas no califican para ninguno de estos beneficios ni para estas ayudas públicas: entonces, no serían un cargo al público, ya que no pueden obtener estos tipos de beneficios. El lenguaje utilizado en el documento es ambiguo y muy general; así como suele ser el lenguaje que se usa para hablar de inmigrantes, “legales o ilegales”. La palabra inmigrante puede referirse a una persona que ya tiene residencia permanente, o una persona que haya recién llegado al país sin documentos o “legalmente”.
Valga mencionar que la misma referencia a la ilegalidad de un ser humano, de común uso en este país, remite a una forma de opresión retórica sobre aquellos que solo buscan una mejor vida, o vienen a los Estados Unidos para poder vivir.
Los servicios públicos, que en verdad son utilizados por persona indocumentadas, como la educación pública, servicios de cuidados de niños, programas de preparación a trabajos o seguro médico infantil, no son considerados carga al público. Pero, esto ya ocurrió con la Proposición 187 (conocida como SOS “Save Our State” aquí en California en el año 1994), que dictaba que se le negarían servicios públicos, como los ya mencionados, a personas inmigrantes. En este caso, sí negarían la educación y otros servicios públicos. Como suele pasar todo el tiempo en este país, el rechazo inmediato no solamente fue para personas inmigrantes, sino a toda persona que parecía, físicamente, como un inmigrante. Toda persona que parecía Latina, era señalada y discriminada sea o no inmigrante.
En sí, esta nueva propuesta negaría la admisión a personas que quieren entrar al país legalmente, que ya entraron al país legalmente o que han estado en el país y quieren convertirse en ciudadanos estadounidenses. El problema, como se vio en 1994, es que esto puede producir más discordia en el mundo de la inmigración; aún más porque lo que el público creerá es que las personas que ahora están detenidas en jaulas y centros de detención, son las que vienen a utilizar los servicios públicos. Los inmigrantes que no serían afectados por esta propuesta son personas que buscan asilo, sobrevivientes del tráfico humano, violencia domestica u otros crímenes graves. Desafortunadamente, se creará caos completo si es que las personas no se educan bien en estas leyes que son ambiguas, y que promueven la discriminación.
Lo que debemos saber, es que el secretario del Departamento de Seguridad Nacional firmó esta propuesta el 21 de septiembre de este año. Ahora, el público tiene 60 días para comentar sobre esta propuesta, y así mostrar que no sería una buena idea instituir una ley que no solo promueve la discriminación, sino que afectaría el bienestar de muchas familias.
