El pasado jueves 31 de enero, el servicio de inmigración y control de aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dio a conocer los resultados de una investigación encubierta que condujo al arresto de personas vinculadas con fraudes de inmigración.

En un intento por frenar los fraudes relacionados con visas estudiantiles, ICE ideó un plan para atrapar a posibles sospechosos encargados de tramitar dichas visas a estudiantes indocumentados. El plan consistió en crear una universidad privada, ficticia, la cual pudiera ser utilizada como gancho para atraer a grupos fraudulentos que buscaban adquirir visas estudiantiles para personas indocumentadas. La universidad falsa, establecida en el 2015, fue nombrada la universidad de Farmington y su sede se encontraba en Farmington Hill, Michigan un suburbio de Detroit. En la página de internet de dicha universidad se encontraba la dirección del lugar; sin embargo, al llegar a la locación solo se encontraba una estructura abandonada. La universidad falsa no contaba con actividades educativas reales al igual que tampoco contaba con educadores ni con un plan de estudio. A pesar de todo esto, no faltó quien utilizara el nombre de la universidad para tratar de procesar o renovar las visas estudiantiles con el fin de darles a los supuestos estudiantes su estancia legal en el país al igual que tratar de otorgarles permisos de trabajo.

Los trámites eran realizados por un grupo de personas que reclutaban a inmigrantes y los ayudaban a retener sus permisos a cambio de una paga. Se estima que este grupo ayudó a cientos de personas a inscribirse a la universidad. El grupo recibió miles de dólares, sin saber, de la operación encubierta lo cual llevó a su descubrimiento. Como resultado, ocho personas de diferentes estados vinculados con este fraude fueron detenidas. Los acusados comparecieron ante un tribunal federal en Detroit en donde la fiscalía señaló que las actas de acusación mostraban que ellos al igual que los inmigrantes tenían conocimiento de que la universidad era falsa. Como consecuencia, los acusados podrían pasar un periodo de hasta cinco años en la cárcel ya que ayudar a extranjeros con fines de lucro es considerado un acto delictuoso. Por su parte, algunos estudiantes enfrentan una posible deportación.